Tras años de mesas de negociación, las partes sociales han dado el paso formal para solicitar la aplicación de coeficientes reductores a la edad de jubilación, una medida que podría beneficiar a miles de conductores profesionales.

El Real Decreto 402/2025

El avance se produce bajo el amparo del Real Decreto 402/2025 (de 27 de mayo), la norma que regula el procedimiento previo para determinar qué colectivos pueden anticipar su edad de retiro debido a la dureza, penosidad o toxicidad de su trabajo, sin que la pensión sea penalizada.

Este decreto es crucial porque establece la vía legal para que las organizaciones representativas soliciten oficialmente un estudio sobre la siniestralidad, morbilidad (enfermedades) e índices de incapacidad del colectivo.

El acuerdo clave: Solicitud conjunta a la Seguridad Social

El punto más relevante de las últimas semanas es la formalización de la solicitud.

• ¿Quién lo solicita? Las principales organizaciones sindicales (CCOO y UGT) y las patronales más representativas (como CETM) han firmado un texto conjunto que han presentado ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
• ¿A quién afecta? La solicitud se ha presentado en dos frentes paralelos, dado el carácter dual del sector:
  1. Conductores asalariados: Solicitud conjunta de sindicatos y patronales.
  2. Transportistas autónomos: Solicitud presentada por organizaciones representativas del trabajo por cuenta propia (como Fenadismer y UATAE).
• El objetivo: Demostrar que el transporte de mercancías por carretera presenta índices de siniestralidad, morbilidad y exposición a riesgos psicosociales (estrés, largas jornadas, vibraciones) que justifican la aplicación de coeficientes reductores.

Lo que sucede ahora: El plazo de seis meses

Con la solicitud ya en manos de la Seguridad Social, se inicia el procedimiento de evaluación, que tendrá una duración máxima de seis meses. Durante este tiempo, la Administración deberá:

1. Evaluar la documentación: Analizar los datos de siniestralidad, bajas laborales e incapacidad permanente aportados por el sector.
2. Emitir un informe: La Comisión de Evaluación de Riesgos emitirá un informe técnico sobre la justificación de la penosidad.
3. Resolución y coste: Si el resultado es favorable, el Gobierno aprobará un Real Decreto que fijará:
   • El coeficiente reductor (por ejemplo, permitir jubilarse años antes).
   • La cotización adicional necesaria para financiar esta medida, que deberá ser asumida por las empresas del sector.

Perspectivas y Futuro

Aunque la aprobación no es inmediata y está sujeta al análisis de viabilidad técnica y financiera, la unidad de acción entre sindicatos y patronales, amparada en un marco legal reciente (RD 402/2025), marca el momento de mayor cercanía a lograr el objetivo.

Se estima que la medida, si es aprobada, podría entrar en vigor y beneficiar a los primeros conductores a lo largo de 2026, dependiendo de los plazos de tramitación del Real Decreto final.

La jubilación anticipada, de concretarse, no solo sería un reconocimiento a las duras condiciones de la profesión, sino también una herramienta para impulsar el relevo generacional y mejorar la seguridad vial en un sector clave para la economía.